Reducir a cero el trabajo y explotación infantil, meta de nuestro gobierno: Indira Vizcaíno

• En 2019 había casi 14 mil menores realizando trabajo no permitido en Colima: Pinto
• Tenemos la bendición de incidir en la vida de personas vulnerables: Presidente de DIF Estatal

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva presidió la primera sesión ordinaria y tomó protesta a integrantes de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes en Edad Permitida para el Estado de Colima (CITI), donde aseguró que una meta de su administración es reducir a cero el trabajo infantil; “debemos erradicar toda forma de explotación física y económica que deriva en afectaciones para la salud física, mental y moral de nuestras pequeñas y pequeños”, dijo.

Expresó que de acuerdo a información que le compartió el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Pinto Torres, de 2009 a 2015, Colima se encontraba dentro de las cinco entidades con mayor población en situación de trabajo infantil, “estas cifras han ido en decremento en los últimos años, pero lejos de bajar la guardia, implica esforzarnos al doble, pues esa cifra idealmente la debemos de llevar a cero”, enfatizó.

Vizcaíno Silva señaló que lo importante es comenzar a aterrizar planes de trabajo, iniciativas y toda estrategia que contribuya a disminuir la actividad laboral en menores de edad de Colima o que estén de paso en nuestro estado, pues recordó que gran parte del trabajo infantil que hay en la entidad, tiene que ver con hijas e hijos de trabajadores inmigrantes, sobre todo en el campo.

“Con mucha sinceridad les digo que, desde mi perspectiva, es posible no sólo un futuro, sino un aquí y ahora sin trabajo infantil. Quienes tenemos responsabilidad en el servicio público estamos obligadas y obligados a atender esta problemática y lo más viable es hacerlo desde la atención a dos rubros específicos que van de la mano: la economía y la educación”, expresó Indira.

Mencionó el factor económico, porque en un hogar rebasado por las carencias que vive al día, será muy difícil que el estudio sea prioridad, pues lo que urge es subsistir y derivado de esas dificultades, es que seguramente no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, se opta por enviar a niñas, niños y adolescentes a trabajar, cuando deberían ir a la escuela. “Si en los hogares hay bienestar y a las familias se les presentan oportunidades dignas para mejorar su economía, será más sencillo avanzar en la disminución del trabajo infantil”, añadió.

La titular del Ejecutivo resaltó la educación, porque con ella se abren las puertas para que estas niñas, niños y adolescentes rompan el terrible círculo de la desigualdad económica y se conviertan en adultas y adultos que vivan en contextos más saludables en todo sentido. “El interés de nuestra administración por impulsar a que la niñez y las juventudes continúen sus estudios, no es de dientes para afuera”, aclaró.

“Justo por esto el programa central de nuestro gobierno es dotar de útiles escolares, mochilas y uniformes a todas las pequeñas y pequeños de preescolar y primaria; y de una laptop a nuestros estudiantes de secundaria; las niñas y niños de Colima requieren igualdad de oportunidades para salir adelante y tenemos que asegurarnos que cada niña, niño y joven tenga oportunidad de desarrollarse plenamente; por ellos seguiremos trabajando con mucho empeño”, subrayó.

Vizcaíno Silva pidió no perder de vista que la niñez y juventud gozan de los mismos derechos humanos que las personas adultas, pero que requieren apoyo, protección y acompañamiento, justo en esa etapa de su vida, para alejarlos de la explotación o abuso económico que puedan sufrir; “confío en la labor que desde esta comisión se realizará en beneficio de lo más valioso que tenemos: nuestras niñas, niños y adolescentes”, concluyó la gobernadora de Colima.

El subsecretario del Trabajo, Javier Pinto, dio a conocer que, según el INEGI, en 2019 en el estado de Colima había 13 mil 470 niñas, niños y adolescentes realizando un trabajo infantil no permitido, lo que representa un 11.42 por ciento de esa población en la entidad. Dijo que, en la tasa de variación del INEGI, el promedio en Colima es de 5.18 negativa, por debajo de la media nacional y que en los últimos diez años se ha venido abatiendo este problema del trabajo infantil, en tanto que el objetivo de la CITI es evitar que siga proliferando.

El presidente del Patronato DIF Estatal, Arnoldo Vizcaíno Silva, expuso que instalar esta comisión denota el interés de todas y todos los participantes, que conlleva gran responsabilidad, y aseguró que desde el DIF Estatal se trabaja de manera coordinada con los DIF municipales, alcaldes, alcaldesas, cámaras empresariales y la Universidad de Colima, para mejorar la calidad de vida de las familias en mayor condición de vulnerabilidad.

“Anhelamos el día en que ningún niño o niña esté trabajando y esté en escuelas o en actividades propias de su edad”, dijo Arnoldo Vizcaíno, además de invitar a quienes tomaron protesta, a recordar el compromiso de tener la bendición de incidir en la vida de las demás personas.

La directora general del DIF Estatal, Araceli Carrillo Ascencio, presentó el proyecto en contra del trabajo infantil y recordó que este organismo trabaja a través del Programa para Prevención y Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR), a nivel estatal y municipal; recordó que la Constitución señala que es ilegal toda actividad laboral o contratar a personas menores de 15 años y dijo que el objetivo principal es prevenir, erradicar y atender el trabajo infantil mediante la promoción de redes comunitarias y fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales, y la revalorización del papel de la escuela como generadora de capacidades.

En la primera sesión ordinaria de la CITI, efectuada en el Complejo Administrativo, lndira Vizcaíno estuvo acompañada por los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, el magistrado Bernardo Salazar Santana y el diputado Rigoberto García Negrete, respectivamente; el fiscal general del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, así como servidoras y servidores públicos municipales, estatales y federales, titulares de instituciones académicas, cámaras empresariales y representantes de organizaciones sindicales.